Tal y como se esperaba, Vladímir Putin ha anunciado que se presentará a su reelección en los próximos comicios presidenciales de marzo de 2024. Sin oposición y sin relevo a la vista, el líder ruso afrontará un nuevo mandato, que concluirá con 75 años ya cumplidos. Una edad considerable, pero inferior por ejemplo a los 81 que cuenta en la actualidad Joe Biden y cuatro años más en los que proseguir con su proyecto de situar a Rusia como una alternativa a Occidente. Además de esto, durante esta última jornada de guerra en Ucrania, Rusia ha lanzado una nueva oleada de misiles sobre el territorio ucraniano, han proseguido los combates y el Comité Olímpico Internacional (COI) ha aprobado la participación de atletas rusos y bielorrusos bajo bandera neutral en las próximas olimpiadas París 2024.
Aunque pocos lo ponían en duda, Vladímir Vladimirovich Putin ha terminado por anunciar que se presentará a la reelección en las elecciones que tendrán lugar el próximo 17 de marzo de 2023. Si las gana, algo que parece evidente que será así, toda vez que ha logrado terminar con cualquier atisbo de oposición a su figura en los últimos meses, no solo se mantendrá en el cargo hasta los 75 años, sino que su mandato se habrá extendido por más de un cuarto de siglo, desde que en 1999 fuera elevado al cargo de primer ministro por Yeltsin. Es pues un buen momento para explicar, basándonos en un texto que publicáramos en nuestro primer número especial sobre Rusia (Número 12, que tenéis en abierto), cómo funciona el sistema política de este país y cuáles son los mecanismos empleados por Putin para controlarlo.
En agosto de 1999 Vladímir Putin se convirtió en el primer ministro de Rusia mientras Boris Yeltsin ejercía todavía de presidente, ya con una salud muy quebrada. Pocos meses después, el 31 de diciembre de 1999, Yeltsin dimitió, por lo que, de acuerdo con la Constitución rusa, el primer ministro pasó a ocupar la presidencia del país hasta la celebración de elecciones. Aunque Putin apoyaba públicamente al partido político Rusia Unida, decidió presentarse por su cuenta, como candidato independiente, a las elecciones presidenciales de marzo del año 2000, eso sí, con el respaldo del aparato estatal y la oligarquía. En ellas, Putin logró ser elegido presidente de Rusia con el 53% de los votos en la primera ronda (mientras que el segundo candidato, Gennadii Ziuganov, obtuvo tan solo un 29%). Desde que pasó a la esfera política, Putin ha logrado en sus sucesivos mandatos un índice de apoyo entre la población rusa siempre superior al 60%, logrando de media un 72% y obteniendo un 81% en noviembre de 2006, como nos explica Bill Bowring en su estudio “The Electoral System of the Russian Federation”, publicado por el Parlamento Europeo. Esta alta popularidad de Putin se explica gracias a distintos factores:
- Una mayor concentración de poder en la figura del presidente ruso.
- El fuerte control de la opinión pública a través de los medios de comunicación.
- La inexistencia de una oposición política.
- El logro de la estabilidad y el orden en el país.
- La potenciación de la identidad nacional.
- La recuperación del posicionamiento de Rusia en el ámbito internacional.
- Una mejora de las condiciones económicas a nivel general (a pesar de las desigualdades sociales existentes).
- La centralización del poder territorial (en detrimento de la independencia con la que se regían los entes federales).
- La disminución de la influencia política que ejercían los oligarcas a cambio de protección a la iniciativa privada y privilegios como el acceso a los recursos del Estado.
El ascenso de Putin al poder estuvo impulsado por varias personalidades rusas (aparte de poderosas figuras como Yeltsin y del magnate que le ayudó a financiar su campaña, Boris Berezovsky), tales como los propagandistas rusos Vladislav Surkov y Gleb Pavlovsky, entre otros. Estos dos últimos (que entran en la categoría de tecnólogos políticos) trabajaron con Yeltsin y ayudaron a aupar a Putin a la Presidencia del país mediante una campaña de influencia llamada Operación Sucesor (preemstvennost), en la que profundiza Whitney Milam en “Who is Vladislav Surkov?”.
Como subrayan Michael Weiss y Peter Pomerantsev en “The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and Money”, estos tecnólogos políticos crearon un nuevo tipo de autoritarismo sirviéndose de sus amplios conocimientos en manipulación mediática. Uno de sus grandes éxitos como expertos en el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas fue, precisamente, transformar a Putin en el hombre fuerte que Rusia necesitaba mediante la influencia que ejercía la televisión sobre la población rusa. De este modo, consiguieron convencer a los conciudadanos de que no había ninguna alternativa política a Putin. Mejor aún, lograron que nuevos términos como democracia soberana fuesen aceptados como algo normal.
El término democracia soberana (suverennaya demokratia) fue afianzado por el ideólogo y propagandista ruso Vladislav Surkov durante un discurso dado en 2006 para referirse al sistema político imperante en la Rusia de Putin. A pesar de que numerosas fuentes de información indican que Surkov fue la persona que acuñó dicho término, existen referencias anteriores a 2005 donde ya se señala que el Kremlin escogió ambas palabras como “un nuevo nombre comercial para designar el desarrollo político centralizado y tutelado”. De hecho, se considera que el término “soberana” es sinónimo de acepciones usadas con anterioridad para describir al sistema político ruso, tales como “controlada”, “gestionada” o “tutelada” (en inglés, managed), como nos enseña Nikolay Petrov en “From Managed Democracy to Sovereign Democracy: Putin’s Regime Evolution in 2005”. Los principios en los que se basa esta democracia soberana son tres:
- Incremento y refuerzo del poder de la figura del presidente ruso en detrimento del de las instituciones públicas.
- Manejo de los medios de comunicación para que sigan la línea propagandística marcada por el Kremlin.
- Control sobre los procesos electorales y de la oposición política.
El CIDOB, en un artículo de 2010 titulado “La estructura política de la Federación Rusa”, nos explica que se trata de un concepto que permite al Gobierno ruso definir su propia versión de “democracia”, bajo la que se considera que los objetivos nacionales están por encima de los derechos humanos y libertades del individuo. A través del término “soberano”, el Gobierno ruso establece que él es el único con capacidad para determinar las peculiaridades del tipo de democracia que se instaure en su territorio, distinta de la occidental.
De este modo, ningún otro Estado puede poner en entredicho el sistema político ruso, ya que, de ser así, se consideraría una intervención inaceptable en los asuntos domésticos del Kremlin. En consecuencia, el régimen político por el que se guía la Federación de Rusia suele ser catalogado como híbrido, ya que se deriva de la mezcla de elementos democráticos con otros más autoritarios.
El concepto de democracia soberana no puede entenderse sin hacer alusión a otras dos nociones que caracterizan el régimen de Putin: el llamado poder vertical (vertikal’ vlasti) y la dictadura de la ley (diktatura zakona). De hecho, para entender el sistema político ruso en profundidad, es a su vez necesario comprender que estos tres elementos se complementan y refuerzan entre sí y, por supuesto, la forma en que lo hacen.
La estructura del poder vertical fue incluida en la Constitución de 1993, por la que se establecieron tres niveles de Gobierno: federal, regional y local. Cuando Putin llegó al poder, uno de sus primeros objetivos fue evitar que los entes federales o regionales que conformaban la Federación de Rusia siguiesen gozando, como en la época de Yeltsin, de tanto poder a nivel local y de capacidad de actuar con independencia del Kremlin, algo que había frustrado muchas de las políticas de Moscú llegando a paralizar en la práctica la Administración. En consecuencia, los gobernadores dejaron de ser elegidos por el pueblo para pasar a ser designados por el propio Vladímir Putin, eso sí, con la aprobación de la asamblea legislativa local, cuya mayoría estaba conformada, como es lógico, por miembros afines al Kremlin. De este modo, el Presidente ruso se garantizaba para sí mismo el control de los entes locales al escoger a gobernadores leales al régimen, logrando una mayor centralización del poder.
En consecuencia, en el nivel federal se encuentran las tres ramas del poder: ejecutivo, legislativo y judicial. En la rama ejecutiva, se encuentra el presidente ruso, que es el jefe de Estado, y el Primer Ministro, que es el jefe del Ejecutivo. La rama legislativa la compone la Asamblea Federal, conformada por dos cámaras: Duma (que equivaldría al Congreso de los Diputados en España), compuesta por 450 asientos, y el Consejo de la Federación (el Senado), compuesto por 178. Por último, en la rama judicial, se encuentra el Tribunal Constitucional. Lo que no se establece, a diferencia de lo que ocurre en cualquier país democrático, son los contrapesos que hacen que unos poderes equilibren y auditen a los otros, haciendo imposible, precisamente, la concentración.
El concepto de poder vertical implica que el ejecutivo no está suficientemente sometido al control por parte de los poderes legislativo y judicial. Además, dentro de la estructura vertical, la Iglesia Ortodoxa y las fuerzas armadas y de seguridad se erigen como instituciones clave, algo de lo que nos habla Armando Chaguaceda en “The Putin system: Authoritarianism today”. No obstante, Antonio Sánchez Andrés nos indica en un artículo para el CESEDEN titulado “La proyección económica internacional de Rusia. Influencia de la nueva Rusia en el actual sistema de seguridad” que la “verticalización del poder sólo ha funcionado de manera parcial” debido a que, por un lado, el Ejecutivo ha fracasado a la hora de ejercer el suficiente control sobre los gobernadores y, por otro, a la imposibilidad de frenar la corrupción a nivel estatal.
Por último, la conocida como dictadura de la ley descansa sobre el pensamiento legal ruso tradicional, que se remonta al siglo XIX y al filósofo Boris Chicherin. Putin, de formación abogado, hizo referencia a este término ya en el año 2000, asegurando que vendría a sustituir el Estado de Derecho. Usada como herramienta política, la dictadura de la ley debe lograr que los ciudadanos cumplan y respeten las leyes al percibir un orden y autoridad que emana del Estado. En realidad, aunque aparentemente la idea no es tan diferente de lo que entendemos como Estado de Derecho, se trata del uso del sistema judicial por parte de las autoridades políticas para garantizar el sometimiento de la población a los designios del Kremlin, utilizando las leyes en muchas ocasiones de forma torticera o redactándolas de forma deliberadamente ambigua.
Dejando el sistema político ruso a un lado, para pasar a la actualidad de la jornada sobre el terreno, tenemos que en las últimas horas Rusia ha lanzado una nueva oleada, en esta ocasión exclusivamente de misiles, sobre el territorio ucraniano. Recordemos que si bien los drones tienen como misión, más allá de causar todo el daño que se pueda, el erosionar las capacidades antiaéreas ucranianas al imponer un alto consumo de municiones, los misiles de crucero y balísticos, con su mayor carga explosiva, buscan causar daño real sobre objetivos sensibles. Desde el Ministerio de Defensa de Ucrania aseguran haber neutralizado 14 de los 19 misiles Kh-101/Kh-555 empleados por Rusia. Se han registrado al menos ocho heridos en Pavlorad, aunque otras fuentes hablan de un fallecido. Al parecer, la mayor parte de misiles se habrían dirigido contra la región de Kiev.
Del lado contrario, aunque no parecen haberse registrado ataques ucranianos de consideración, sí han comenzado a aparecer rumores, como figura en el tuit sobre estas líneas, acerca de que la corbeta «Askold» finalmente no será reparada, algo que cabía esperar en vista de los daños.
En cuanto a los movimientos, han sido francamente escasos. Al norte, las únicas novedades pasan por la recuperación de terreno por parte de Ucrania en dirección a Lyman Pershyi, al norte de Kupiansk, mientras que Rusia habría hecho lo propio en Bohdanivka.
En cuanto al área de Bakhmut, allí las fuerzas rusas han continuado lanzando ataques contra el norte y noreste de Klischiívka, logrando pequeños avances.
En Avdiívka, en donde ambos bandos siguen luchando con fiereza, Rusia ha logrado afianzar sus posiciones en los alrededores de la planta de coque, tomando concretamente las instalaciones de tratamiento de aguas al norte de la misma.
Al sur del frente, por último, Ucrania habría retomado posiciones al sur de Robotyne, después de su pérdida unas semanas atrás. Situación estática.
Contexto internacional, diplomacia y sanciones
En el apartado internacional, y dado que ya hemos hablado sobre el anuncio de Putin, hoy es obligado comenzar por Alemania. Algunos medios han publicado noticias acerca de un importante paquete de ayuda recién aprobado -que en cualquier caso, sería en cumplimiento de lo anunciado un mes atrás por el ministro de Defensa, Boris Pistorius-. Lo más sorprendente es que se ha hablado de 250.000 proyectiles de 155mm, además de drones Vector, camiones, etcétera. Sin embargo no hay ninguna referencia oficial a tales cifras, ni en la web del Gobierno germano, ni en la de su Ministerio de Defensa. Lo que tenemos es que se ha actualizado la información acerca de las entregas y de la ayuda comprometida, elevándola hasta los 5.400 millones de euros a lo largo de este año. También lo que se ha entregado en las últimas semanas, que dista mucho de las cifras dadas por Le Monde. Respecto a los planes para suministrar un total de 250.000 disparos de 155mm, no son algo actual, sino que se viene trabajando en ello desde la pasada primavera y resulta difícil que se implementen a corto plazo, toda vez que en casi dos años de guerra Alemania únicamente ha sido capaz de suministrar 26.000 disparos de 155mm. De hecho, se trata de pedidos hechos a la industria y que forman parte del esfuerzo para producir un millón de disparos por parte de la UE.
Siguiendo con la ayuda a Ucrania, la mayor parte de los debates y noticias en las últimas horas han vuelto a girar en torno a la próxima reunión del Consejo Europeo los próximos días 14 y 15 de diciembre en Bruselas. En concreto, se está hablando mucho sobre la posición de Hungría y de su presidente, Víktor Orban, dispuesto a bloquear la ayuda a Ucrania y el proceso de adhesión, al que se opone. Además, también es noticia la forma en que este país está utilizando las negociaciones relativas a la ayuda financiera a Ucrania para obtener a cambio que los ministros de finanzas de la UE aprueben nuevas transferencias parte del Plan de Recuperación que, como sabemos, estaban bloqueadas a la espera de avances en cuanto a Estado de derecho en el país.
En relación con lo anterior, Zelenski ha hecho público en su discurso diario que el Parlamento ucraniano acaba de aprobar cuatro proyectos de ley necesarios para iniciar las conversaciones de ingreso a la Unión Europea, incluyendo uno sobre los derechos de las minorías nacionales, una demanda crítica de Hungría, que se opone a la candidatura de Ucrania a la UE.
Al respecto se ha referido también el presidente de la Rada Suprema, Ruslan Stefanchuck, quien ha incidido en la importancia de la modificación introducida en la Ley sobre la prevención de la corrupción. Considera Stefanchuck que los pasos dados por Ucrania constituyen un fuerte argumento de cara a la reunión del Consejo europeo.
Más allá de esto, recientemente han llegado a Kiev varios asesores de la presidencia francesa, encabezados por Xabier Chatel, quien se ha reunido con el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov. En su encuentro han podido tratar acerca de temas como la cooperación bilateral y el desarrollo de la industria de defensa ucraniana, en el que Francia tiene un notable interés por la oportunidad de negocio que entraña.
Además de con Umerov, la delegación gala se ha reunido también con Andriy Yermak, jefe de la Oficina del Presidente, con quien han discutido acerca de la situación de seguridad en Ucrania o el apoyo a la integración en la OTAN.
Por su parte, el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, ha anunciado que Bulgaria proporcionará nueva asistencia militar a Ucrania, a través de un mensaje en el que ha agradecido al parlamento de este país su decisión, que ayudará a «proteger los cielos de Ucrania y salvará muchas vidas». Se refería así a cómo una mayoría de 147 legisladores (de 240 escaños) acababan de votar a favor de suministrar a Kiev MANPADS y misiles tierra-aire de varios tipos destinados a reforzar las capacidades de defensa aérea ucranianas.
Por último, aunque de forma nada sorprendente, el Ministerio de Interior de la Federación Rusa ha incluido a la destacada periodista y autora ruso-estadounidense Masha Gessen en su lista de personas buscadas después de abrir un caso penal contra ella por cargos de difundir «información falsa» sobre la actuación del Ejército ruso en Ucrania. A finales de noviembre se supo que los investigadores rusos abrieron una causa penal contra Gessen por hablar en una entrevista de «crímenes de guerra» de las tropas rusas en la ciudad ucraniana de Bucha, algo que Moscú niega rotundamente.
Para finalizar, un día más, toca hablar sobre los próximos Juegos Olímpicos París 2024, que se celebrarán el próximo verano en la capital gala. El Comité Olímpico Internacional ha hecho lo esperado, dando cumplimiento a la petición, por parte de varias delegaciones internacionales, de la aprobación de la participación de los atletas rusos y bielorrusos, siempre que lo hagan bajo bandera neutral. Así las cosas, y según ha anunciado en su página Web, la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido que los Atletas Neutrales Individuales (AIN) que se hayan clasificado a través de los sistemas de clasificación existentes de las Federaciones Internacionales (FI) serán declarados elegibles para competir en los Juegos Olímpicos de París 2024 de acuerdo con las condiciones que se detallan a continuación (y que reproducimos):
Como no podía ser de otra forma, desde Ucrania han criticado duramente la decisión, refiriéndose algunos políticos, como el ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, a la misma como de «luz verde a la conversión de las Olimpiadas en un arma», en referencia a cómo el Kremlin utilizará a cada atleta ruso y bielorruso como un arma en su guerra de propaganda.
Deja una respuesta